No ha sido una asociación de barrio, ni una empresa privada, ha sido la ONG Reporteros sin Fronteras la que ha demandado a la red social Facebook por “Permitir la desinformación y el odio” en sus servidores.

“permite que se propaguen la desinformación y el odio (en general y contra los periodistas), en contradicción con sus condiciones generales de utilización y sus campañas publicitarias”

Esta es la conclusión a la que han llegado los asesores legales de la ONG, que buscan sin descanso la forma de que Facebook tome de nuevo el control de sus contenidos, después de invocar prejudicialmente y sin descanso otra normativas que no han obtenido respuesta, entre las que se encuentran:

  • DMCA, Digital Millenium Copyright Act, Ley Digital Millenium de protección del Copyright, por la cual podrían suspender cuentas por uso de material con derechos de propiedad intelectual.
  • DA, Defamation Act, Ley de Difamación Americana, que precisa una demanda en los Estados unidos y una sentencia de un Juez para que un contenido sea eliminado.
  • GDPR, Ley Europea de Protección de Datos, a través del uso de una fotografía de un periodista y su nombre completo, y que en el ámbito de la información no es aplicable.
  • TM, Trademarks, Marcas Registradas, no aplicable debido a que no suelen usarse distintivos, logotipos y el sector del periodismo no suele registrar sus nombre propios como comerciales.

Los abogados de la ONG han enfocado sus esfuerzos a la línea de flotación de Facebook, a su reputación como empresa y su credibilidad. Si es un espacio libre de interferencias como citan sus términos y condiciones, facebook no debería permitir que ciertas publicaciones interfieran a partir de noticias falsas, sesgadas u orientadas directamente a su audiencia, y de permitirlo, afecta a la credibilidad de la gestión que hace de sus anunciantes o publishers.

La ONG invoca la ley del consumidor francesa, la “ley Hamon”, un giro realmente creativo, que le permite evaluar el continente en lugar del contenido. Lo que pone en duda es la imparcialidad de la red social o incluso, como seguro alegarán, su incapacidad para controlar los contenido denunciados en su totalidad.

La ley francesa define que una práctica comercial es engañosa “si se basa en falsas afirmaciones, declaraciones o representaciones, o puede conducir al engaño”, cuando estas están relacionadas con las “características esenciales del bien o servicio” o de las “promesas del anunciante”. La consecuencia podría ser la multa de hasta el 10% del volumen de ventas anuales, pero la RSF (Reporteros sin Fronteras) no está buscando una sanción, persigue el control de un activo digital que ha perdido su capacidad de gestionar lo que ocurre en sus muros.

La incapacidad no exime de responsabilidad, Facebook, en Europa, está obligada a cumplir la ley y las normas, ahora que se conoce su intervencionismo político, su capacidad de interferir, acallar voces o definir como fake noticias en base a verificadores igualmente empresariales.

La CEE es de facto un oasis regulativo, aquí la vulneración de los derechos en el plano digital están acotados, no todo vale, y aunque nunca dan respuesta al NOW, invocar las normas suele tener resultado.

También llega el momento es comprobar y testear si esta nueva palanca jurídica tiene recorrido en pre jurídico, si Facebook entiendo como necesario adecuar sus espacios a la normativa en base a denuncias digitales, en incluso si adecua sus procedimientos para atender.